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Con estas políticas indiscriminadas, exacerbadas bajo el gobierno de Macri, Buenos Aires está corriendo el riesgo de convertirse en una ciudad gótica al estilo Blade Runner. El Gobierno de la Ciudad no tiene tapujos en proclamar que puede albergar a tres millones de habitantes adicionales… construyendo en altura. La progresiva demolición de la sustancia urbana y la creciente construcción de torres obedecen exclusivamente a una lógica especulativa, cuya contracara es la dificultad de acceso a la vivienda por parte de los sectores populares y las clases medias, así como del hacinamiento en villas, barrios, hoteles e inquilinatos de los carenciados.
El artículo 31 de la Constitución de la Ciudad garantiza el derecho a la vivienda digna y a un hábitat adecuado a todos sus habitantes, y obliga a reurbanizar las villas y los asentamientos, y a promover la incorporación de las viviendas deshabitadas. El Plan Urbano Ambiental (Ley N° 2.093, sancionada 13 de noviembre de 2008), al cual deben adecuarse las demás leyes de la Ciudad, ordena proteger e incentivar las identidades barriales, promover tipologías edilicias que no den lugar a situaciones de segregación social ni a disrupciones morfológicas, preservar los sectores urbanos de baja y media densidad poblacional, implementar acciones a fin de reurbanizar las villas y mejorar inquilinatos, hoteles y pensiones. Claramente, el actual Gobierno de la Ciudad no cumple con ninguno de estos mandatos constitucionales.
Desde que asumió, el gobierno de Mauricio Macri se ha esmerado en dejar sin efecto las normas urbanas dedicadas a mantener el equilibrio ambiental; otorga permisos de demolición o de construcción que no respetan las normas; no cumple con los procesos participativos de consulta y consentimiento; no se realizan las evaluaciones de impacto ambiental de grandes construcciones o de acumulación de obras en manzanas o barrios; autoriza desalojos exprés; se negó a prolongar la Ley 2.548, que protege los edificios construidos antes de 1941; bloquea el tratamiento parlamentario de aquellos proyectos de ley que se vinculan con la protección del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural, y desatiende las consignas de preservación que dicta la misma Constitución de la Ciudad.
Entre 2004 y 2011, el incremento del precio de los terrenos fue del 281%, llegando a incidir entre un 30% y un 50 % en el costo de la construcción, cuando la norma histórica llegaba como mucho al 25%. Esta es una de las razones que explican que el 60% de los habitantes que llegaron al área metropolitana entre 2001 y 2006 se establecieran en asentamientos informales, la mayoría de las veces a través de ocupaciones. Según las cifras del Censo 2010, la población que vive en villas se incrementó, entre 2001 y 2010, de 110 mil personas a 160 mil/180 mil, es decir que hubo un incremento del 52%.
En la ciudad de Buenos Aires, la población en emergencia habitacional se multiplica de manera directamente proporcional a la construcción de viviendas suntuosas (torres). Acerca de esta situación, los resultados del censo nacional del año 2010 son más que elocuentes: en la ciudad de Buenos Aires hay un 25% de viviendas vacías, cifra que se incrementa hasta el doble en las zonas de Puerto Madero y Recoleta. Como ejemplo: luego de estallada la burbuja inmobiliaria en España, el censo de población y viviendas del año 2011 indicó que el total de las viviendas desocupadas de España es del 12%, cifra que triplica la media europea y que, sin embargo, es más de dos veces inferior a la de los inmuebles vacíos en la ciudad de Buenos Aires.
Esta situación, que especula con el suelo, concentra la riqueza, expulsa a los carenciados, destruye la fisonomía de la Ciudad y se lleva puestos a los espacios públicos, debe cambiar. Para ello, Plataforma 2012 propone una serie de medidas detalladas en su página web, donde puede leerse el documento completo: http://plataforma2012.org/.
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