jueves, 5 de diciembre de 2013

El olvido del Informe Mosconi



Cuando se decidió expropiar YPF para no indemnizar a Repsol en el Informe Mosconi se detalló el daño ambiental cometido por Repsol para no pagarles indemnización... ahora eso está en el olvido y tranquilos les pagaremos millones de dólares...

En la Corte Suprema presentamos una demanda pidiendo la recomposición ambiental de los daños ambientales relevados en el Informe Mosconi

acá una parte de la demanda

Con fecha 1 de junio de 2012 en conferencia de prensa, el Subinterventor de YPF S.A. Axel Kicillof destacó las "consecuencias ambientales" de desinversión en materia de recuperación de tierras dañadas por derrames de hidrocarburos.
"…. la recuperación ambiental que Repsol no quiso hacer porque era, para ellos, plata tirada a la basura, ya que el medioambiente es nuestro", dijo, por lo cual concluyo clara , enfática y contundentemente que "teníamos una empresa que ha depredado también nuestro medioambiente". Estas afirmaciones están documentadas en un documento oficial, denominado Informe Mosconi, cuyo propósito, según dice textualmente en su Introducción en la página 3 “…es aportar evidencia sobre la estrategia de depredación, desinversión y desabastecimiento del mercado interno que desplegó el grupo Repsol desde que tomó el control de YPF en el año 1999".

El viceministro Kicilof se refirió en este evento, con certeza y claridad, a daños ambientales acumulados, originados a partir del abandono de la infraestructura o superficies de terreno afectados por la operación petrolera de YPF S.A. Sus afirmaciones son contundentes: “Repsol no cuidó el medio ambiente”. La fecha del análisis que lo llevó a esta categórica afirmación va desde 1999 al 31 de mayo de 2012.
En la misma conferencia de prensa el Ministro de Planificación Federal e Interventor de YPF S.A., Julio De Vido dejó constancia que YPF S.A. abandonó la tarea de recuperar lo que se denomina “facilidades”, lo que técnicamente desde el punto de vista ambiental se denomina daño ambiental flujo, que es producto del funcionamiento de las facilidades o activos instalados y en funcionamiento que están causando daños ambientales.

Las evidencias del Informe Mosconi
El Informe Mosconi recopila los resultados de la investigación llevada a cabo desde el 16 de abril de 2012 hasta el 1 de junio de 2012 por el equipo de la Intervención de la empresa YPF, a cargo del Interventor el Arq. Julio De Vido y el Sub-Interventor, el Dr. Axel Kicillof. El propósito del documento es “aportar evidencia sobre la estrategia de depredación, desinversión y desabastecimiento del mercado interno que desplegó la empresa YPF”. En el momento de la exposición por parte del Subinterventor, la conclusión fue que la empresa YPF “depredó nuestros recursos naturales”.

El Informe Mosconi constituye prueba en sede administrativa según los términos del artículo 33 de la Ley general del Ambiente, que dice que “los dictámenes emitidos por organismos del Estado sobre daño ambiental, agregados al proceso, tendrán la fuerza probatoria de los informes periciales, sin perjuicio del derecho de las partes a su impugnación.” Quién reconoce el daño ambiental sintetiza la condición de autoridad nacional, al ser el arquitecto De Vido, autoridad máxima del Ministerio dentro de cuya órbita de competencia se encuentra la Secretaría de Energía, autoridad nacional de aplicación de la ley 17.319, y máxima autoridad de la empresa demandada. Lo cual significa que es la misma parte que ha causado el daño, la que lo reconoce y prueba, con lo cual hasta donde alcanza el reconocimiento, el mismo no puede ser impugnado.

Situación ambiental y pasivo ambiental a los efectos contables. La ausencia de previsión de recomposición de daño ambiental por parte de YPF S.A.
El Informe Mosconi habla de situación ambiental, que es lo como la empresa denomina en sus análisis internos los daños ambientales agregando entre paréntesis pasivos ambientales queriendo hacer aparecer como significando lo mismo. Estos conceptos no quieren decir lo mismo: la “situación ambiental” es el daño que ha causado YPF S.A. al ambiente en concreto, el hecho objetivo de haber producido un serio menoscabo a los recursos naturales y al ambiente. Esta circunstancia para la empresa no había sido incorporada, hasta el 16 de abril de 2012, como un “pasivo ambiental”, cuyo significado es contable, a los efectos del balance. La decisión de transformar el daño ambiental real y concreto causado, denominado “situación ambiental” en “pasivo ambiental” en su sentido contable y como tal una deuda con la cual hay que cumplir, quedaba bajo el arbitrio incondicionado de la empresa, ya que las autoridades estatales nada hicieron con una decisión firme a efectos de su recomposición.
Repsol contó con la complicidad de las autoridades competentes de la actividad, tanto de la nacional como de las provinciales, de manera tal que compromete en sus balances de 2011 y provisiones para reclamos y pasivos ambientales a marzo de 2012 una cifra arbitraria, que no se condice con los daños efectivamente causados: así lo hace en la página 48 in fine y 49 primer párrafo, con el débil argumento de que “tal como se menciona previamente, cambios legislativos, en los costos individuales y/o tecnológicos podrían causar una reevaluación de esas estimaciones. La Sociedad no puede predecir cuál será la legislación o reglamentación que se promulgará en el futuro o de qué manera se administrarán las reglamentaciones futuras y por ello podrían, al igual que los estudios en curso, afectar significativamente los resultados de las operaciones en el largo plazo”. Este es un argumento falaz y malicioso, ya que la obligación de recomponer el daño ambiental está perfectamente normado y reglamentado, tanto en el estatus constitucional, Artículo 41 como en el legislativo, Ley 25.675 General del Ambiente y 24.051 de Residuos Peligrosos, Resolución 105/92 y 05/96 de la Secretaría de Energía, claramente vigentes y aplicables al caso sin necesidad de esperar reglamentación alguna. Las previsiones para remediar daño ambiental en la Argentina están alejadas de las que las autoridades nacionales y provinciales reconocen públicamente en abril y mayo de 2012, que son las reales y concretas. La demandada YPF S.A. modifica en sus balances y provisiones para remediación ambiental lo que había previsionado en su anterior balance presentado a la Comisión Nacional de Valores al 31 de diciembre de 2011 y que ahora modificó en su presentación al 31 de marzo de 2012. Hizo desaparecer como un posible juicio perdido el de “ASSUPA c/YPF y otros,/sobre daño ambiental” y dice textualmente en la página 45 del balance que “No obstante, periódicamente se realizan estudios a fin de profundizar el conocimiento de la situación ambiental de determinadas zonas geográficas en las que la Sociedad tiene actividades en la Argentina, a fin de establecer su estado, causas y remediaciones necesarias, así como en su caso, en función de la antigüedad del problema, las responsabilidades del Estado Nacional en virtud de la obligación de mantener indemne a YPF por los pasivos que pudieran existir al 31 de diciembre de 1990. Hasta tanto no se terminen y evalúen tales estudios, la Sociedad no se encuentra en condiciones de estimar qué costos adicionales, si los hubiere, sería necesario incurrir. Sin embargo, es posible que otros trabajos, incluyendo medidas de remediación provisorias, sean requeridos”. El nuevo criterio incluido en el balance presentado el 31 de julio de 2012 ante la CNV es que hay que esperar estudios de los cuales resulten datos acerca del tiempo que en que se realizaron los daños ambientales para trasladar la responsabilidad al Estado Nacional, en virtud de la Ley 24.145 y mientras tanto dejar la situación en estado de latencia sin hacer trabajos de recomposición del daño ambiental total causado.
En el caso del daño ambiental en las provincias hidrocarburíferas no hay previsión en sus estados contables para el futuro que indique que la demandada YPF S.A. va a realizar la recomposición total del grave daño ambiental que ha causado, según el balance publicado por la Comisión Nacional de Valores. Esta previsión cambia para su accionar en Estados Unidos de Norteamérica, donde sí hace una previsión en vistas a una aplicación más rigurosa de las leyes por parte de las autoridades regulatorias en referencia a posibles deudas para recomponer daños ambientales de YPF Holding Inc en el país norteamericano. Puede verse en la cantidad de las páginas dedicadas al pasivo ambiental de los estados contables presentados ante la Comisión Nacional de Valores páginas 49 a 58. (Estados Contables de YPF al 31 de marzo de 2012. Prueba N° 3)
Como prueba contundente de la inexistencia de voluntad expresa de recomponer el grave daño ambiental causado por YPF S.A. en Argentina y el desprecio por las consecuencias ambientales de su accionar, en la página 58 y 59 al referirse a la reunión de directorio del 17 de julio de 2012 modifica el texto de la ley 26.741, reemplazando “desarrollo sustentable” por “crecimiento equitativo y sustentable de las provincias” y omitiendo hacer referencia en la reasignación de los dividendos a la recomposición ambiental.